La acción militar, una opción cada vez más deslucida

Grismar Hernández.-

Aunque desde el año 2017 el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con “todas las opciones están sobre la mesa”, resulta cada vez más improbable que en Venezuela se dé una acción militar, a pesar de la actual situación polí­tica y social que vive el paí­s y los discursos altisonantes de ciertos voceros.

En el pasado algunos de los eventos más tensos, como el ocurrido el 30 de abril, han sido los catalizadores para el pronunciamiento de representantes muy importantes del gobierno de Trump.

La detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional y el despojo de la inmunidad parlamentaria de más de una decena de diputados por parte del TSJ y la ANC también generó fuertes pronunciamientos e incluso una reunión entre el representante del gobierno de Guiadó y el jefe del Comando Sur el Almirante Craig Faller.

Sin embargo, para algunos analistas la opción militar se aleja cada vez más como una posible salida a la crisis interna. Incluso en los últimos dí­as se hizo público encuentros en Noruega entre representantes de Guiadó y Nicolás Maduro.

América Latina es un continente en el que los conflictos bélicos son escasos, a diferencia del Medio Oriente donde llevan años en guerra, en la que los Estados Unidos han realizado ataque y bombardeos; sin contar con el consentimiento de organismos internacionales, como dicta el derecho internacional, tal fue el caso de Afganistán, recientemente.

“Aunque tenemos dolores de cabeza en América Latina, tenemos migrañas en el Medio Oriente”, aseguró Joseph Humire, experto en seguridad y amenazas transnacionales a medios internacionales.

Las intervenciones militares forman parte de la historia polí­tica de Estados Unidos. En Latinoamérica han participado en pocas ocasiones, como Haití­ y Nicaragua, y en esas ocasiones el gobierno era presidido por un republicano, partido al que pertenece el actual presidente.

No obstante, el caso venezolano es completamente diferente, una intervención militar para que se dé de manera legal debe ser “apegada a la carta de las Naciones Unidas”, organismo en el que Rusia y China cuentan con el voto de veto, lo que hace de esta opción muy riesgosa para la polí­tica internacional.

“Cualquier intervención militar fuera de ese contexto jurí­dico tendrá alto riesgo legal penal en términos de crimen de agresión, tipificado en el estatuto de Roma  de la Corte Penal Internacional”, recordó el abogado Fernando Fernández.

Así­ mismo el secretario general de la ONU António Guterres rechazó esta opción, al asegurar que “el tiempo de las intervenciones militares en América Latina ha pasado.

En medio de la tirantez y la crispación polí­tica, el Grupo de Lima también ha demostrado su  rechazo  a la invasión militar en Venezuela, puesto que estos apoyan un cambio polí­tico y pací­fico en el paí­s.

Reiteramos el apoyo a un proceso pací­fico de recuperación de la democracia y del Estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela, conducido por los propios venezolanos en el marco de la Constitución y el Derecho Internacional, y condenan el uso de la fuerza por parte del régimen ilegí­timo de Maduro”, se lee en el último informe de este grupo.

Otro de los aliados de Juan Guaido, como la Unión Europea, también se ha pronunciado al respecto luego de la creciente tensión polí­tica que vive la nación.

La solución debe ser venezolana, pero la comunidad internacional tiene el deber y la responsabilidad de facilitar esa solución sin ninguna forma de despliegue militar”, indicó a través de twitter Federica Mogherini alta representante para Polí­tica Exterior de la Unión Europea, en dí­as pasados.

De acuerdo con cifras publicadas por Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  (ACNUR)  de Venezuela  han salido unos 3,4 millones de personas intentando escapar de la crisis que vive la nación.

Un enfrentamiento bélico en Venezuela serí­a “fatal por la emigración no selectiva masiva, si ya no saben qué hacer con los cerca de tres millones de personas que han huido de Venezuela, habrí­a que imaginarse si otros tres millones o cuatro se suman a ese éxodo de forma precipitada, huyendo de ese enfrentamiento bélico”, indicó Fernández.

El abogado asegura que un enfrentamiento en este momento podrí­a ser muy significativo, por la situación que atraviesa el paí­s, “las consecuencias serí­an fatales por el caótico momento  que se vive, por la llamada crisis humanitaria compleja, porque pasarí­a a ser una crisis humanitaria bélica o clásica que es definitivamente mucho peor”.

Es por ello que paí­ses como Colombia también se han quedado al margen de la idea de un enfrentamiento, ya que su paí­s alberga a más de un millón de inmigrantes venezolanos, tanto legales como ilegales, según cifras divulgadas por Control Migratorio y de Extranjerí­a de Colombia, en caso de una invasión este paí­s serí­a el primero en ser afectados por las consecuencias.

Colombia quiere definitivamente que haya una transición pací­fica en Venezuela. La posición del presidente Duque es que ha descartado cualquier iniciativa de Colombia para una intervención militar”, explicó Marta Lucí­a Ramí­rez vicepresidenta de Colombia a través de twitter.

El gobierno norteamericano luego de los hechos ocurridos el pasado 30 de abril, dio a conocer las supuestas negociaciones que sostuvieron para lograr la renuncia de Maduro del poder, conversaciones en las que también se encontrarí­a el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados Maikel Moreno.

Las presiones en torno al alto mando militar también son incuestionables, al que se le ha ofrecido inmunidad y levantar sanciones en su contra.

Hasta los momentos es innegable que en el paí­s existe una clara intervención del gobierno de Donald Trump, lo cual se puede apreciar con las diferentes reuniones que han tenido con importantes personalidades del gobierno ruso y las diferentes sanciones económicas que cercan cada vez a Nicolás Maduro. Así­ como hay acciones por parte de Rusia y China, naciones que tienen grandes intereses financieros en el paí­s.

*Grismar Hernández es estudiante de la Universidad Monteávila

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