Experto: Camino a La Haya es lento pero no necesariamente estéril

Roxgeilys Achique.-

Ortega D{iaz acompañada del ex director de Actuación Procesal Foto: vía eluniversal.com

Desde la destitución por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la exfuncionaria ha comenzado un periplo a distintas instancias y autoridades con el objetivo de denunciar los hechos de corrupción y violación a los derechos humanos, en los que supuestamente habrían incurrido altos funcionarios del Estado venezolano.  En este sentido, el profesor de Derecho Internacional Público Antonio Yturbe comentó que este es un camino largo, que tiene como objetivo lograr justicia.

Tales declaraciones las realiza en función específicamente de la reciente visita de Ortega Díaz a la Corte Penal Internacional en La Haya, a donde acudió para denunciar la sistemática y recurrente política del presidente Nicolás Maduro en la violación a los derechos humanos, tanto en las recientes protestas que se vivieron durante el segundo trimestre del 2017 hasta en procedimientos policiales en contra de mafias organizadas.

El experto de la Universidad Monteávila acotó: “En la práctica todo ciudadano puede denunciar ante La Haya crímenes de lesa humanidad, no es necesario que sea un país. Sin embargo, quien denuncia debe documentar las pruebas y la Corte rebatirlas, de lo contrario, no hay caso. Además que los casos deben ser concretos”.

A su parecer, no tendría validez ante la Corte alegar solamente que en Venezuela se violan los derechos humanos, es necesario que se especifique quién o quiénes han sufrido los maltratos con sus respectivas pruebas para que proceda.

En este sentido, es necesario recordar que la exfiscal se presentó con una serie de documentos y experticias que probarían, a su parecer, las fuertes denunciadas realizadas durante las últimas semanas que estuvo en su cargo, y luego de convertirse en la primera funcionaria en ser destituida por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.

Ortega afirmó el 16 de noviembre que presentó más de mil elementos probatorios de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los funcionarios del gobierno. “Tenemos reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas que sustentan la denuncia”, indicó al lado de quien sería su director de Actuación Procesal, Zair Mundaray.

En relación con el procedimiento Yturbe explicó que luego de interpuesta la denuncia, se da curso al caso y ambas partes deben presentarse, en el caso dado que el acusado no asista, el caso proseguirá su curso, porque “los crímenes de lesa humanidad no prescriben, jamás se perderá el derecho de castigar el delito”.

El especialista recordó que por crímenes de lesa humanidad se entienden el homicidio intencionado, el exterminio, esclavitud, deportación o traslado en contra de su voluntad o injustificado a individuos o colectividades, privación de libertad que vayan contra las normas del Derecho Internacional, tortura, violación, prostitución forzada, embarazos sin consentimiento, esclavitud sexual o cualquier otro abuso sexual relacionado, persecución por motivos políticos, raciales, sociales, incongruentes con la libertad de expresión de la época, desaparición forzosa, opresión en miras de mantener una ideología o régimen u cualquier otro acto de carácter similar que vulnere la ley natural; es decir, los derechos humanos, delitos cometidos por funcionarios del Estado o que hayan contado con la complicidad  de funcionarios.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del Estatuto de Roma el proceso judicial se iniciará cuando el fiscal, después de evaluar la información de que disponga, dé comienzo a una investigación, a menos que determine que no existen fundamentos razonables para proceder con ella, explicó el experto.

Si la fiscal Luisa Ortega Díaz cumple con los requisitos exigidos existen posibilidades de que se lleve un juicio contra los acusados; sin embargo, no es solo ella quien puede recopilar información al respecto, tal y como lo explica el artículo 54 del Estatuto de Roma, es una función del Fiscal el que podrá ampliar la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto y, a esos efectos, investigará tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes” , afirmó Yturbe.

El experto explicó que la investigación y verificación de pruebas es un proceso que requiere tiempo; por lo tanto, es importante recordar que “los desafíos y problemas siempre existirán, pero el afán del hombre por la justicia prevalecerá”, como señala Miguel Bravo, profesor de Derecho Penal de la UMA.

En la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional, Ortega implica al presidente Nicolás Maduro y a los ministros de Defensa e Interior y Justicia Vladimir Padrino López y Nestor Reverol, respectivamente; a Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); y a Antonio Benavides Torres, jefe de gobierno del Distrito Capital, por supuestamente cometer delitos de lesa humanidad.

Desde La Haya la exfuncionaria defendió su posición de denunciar internacionalmente a los altos funcionarios del gobierno, en vista de que “en Venezuela no hay justicia y, por ende, era necesario acudir a entes internacionales”.

Antes de ser separada de su cargo, la exfiscal mostró preocupación por los 121 homicidios y casi dos mil heridos que se registraron durante los cuatro meses de manifestaciones e contra del presidente Maduro.

Cuestionó en su momento la presencia de motorizados armados que actuaron en complicidad con funcionarios de seguridad del Estado y la actitud desmedida de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana, entre otros cuerpos de seguridad, destinados al control de las manifestaciones.

En su último informe de Memoria y Cuenta cifró en 21 mil 752 el número de personas fallecidas por hechos de violencia a lo largo del 2016, así como la muerte de 505 personas que perdieron la vida bajo la Operación Liberación del Pueblo (OLP), plan de seguridad ideado por el gobierno venezolano que busca erradicar las células de crimen organizado en el país.

El periplo de Ortega comenzó el 18 de agosto al salir de Venezuela de manera clandestina con rumbo a Colombia. Entre las diligencias realizadas se encuentra una reunión con el presidente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, asimismo acudió antela Corte Interamericana de Derechos Humano y ha sostenido reuniones con varios mandatarios de la región para tratar el tema de la crisis venezolana.

 

*Roxgeilys Achique es estudiante de la Universidad Monteávila.

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