Dijo Friedrich Hayek: “(…) ¿Qué aporta la economía a sus vecinos? Al derecho: limitaciones. A la ciencia política: una teoría. ¿Qué es lo que la economía aprende de sus vecinos? Del derecho: un marco de referencia. De la ciencia política: datos…”
Litsay Guerrero Albornoz, profesora de la Especialización en Derecho de la Economía de la Universidad Monteávila, citó al economista austríaco durante la conferencia virtual “Zonas Económicas Especiales en Venezuela desde la perspectiva del Derecho de la Economía” para reflejar la utilidad del análisis económico del derecho, sobre todo para el mejor aprovechamiento de las zonas económicas especiales.
“No solamente permite contar con mayores herramientas a los hacedores de políticas públicas o inclusive para el análisis que hacemos desde la academia, sino que también permite -entre otros agentes económicos- a las empresas el poder nutrir la evaluación para su toma de decisiones”, apuntó Guerrero.
La conferencia abrió un espacio para presentar la importancia del análisis legal y económico desde la visión empresarial, fiscal y de gestión pública en la materia de promoción de comercio exterior e inversiones extranjeras.
Leonardo Palacios Márquez, socio–director de la firma de abogados PTCK y reconocido experto en materia tributaria y de aplicación del análisis económico del derecho, fue también ponente en el encuentro.
Tanto Palacios como Guerrero destacaron las particularidades de las zonas económicas especiales en el país. La profesora explicó que en Venezuela lo que importa es el cómo se ha implementado el deber ser escrito de la norma, y que el esquema de gerencia de las zonas siempre ha sido público, algo que en otros países ha seguido un modelo privado o de alianza público-privada.
Así mismo, Guerrero señaló que las zonas económicas del país están diseñadas únicamente para el establecimiento de empresas, no para otras actividades adicionales como la posibilidad de creación de zonas urbanas.
“Tenemos que entender las condiciones del país y ver si realmente vale la pena imitar a los modelos de otros países”, expresó Guerrero.
De cara al establecimiento de cualquier empresa en las zonas económicas especiales en Venezuela, la profesora detalló que vale la pena revisar los decretos que han sido sancionados y que ya se encuentran vigentes desde la ley marco que va a regular las zonas económicas especiales, así como hacer la evaluación de la existencia de una norma respecto a la atracción de inversiones extranjeras para ver cuáles elementos pueden crear espacios de duda para las empresas.
Palacios, por otro lado, advirtió que uno de los problemas a los que se enfrentan las zonas económicas especiales en Venezuela tiene que ver con lo engorroso que resultan en ocasiones los procesos administrativos.
De igual forma, para el experto hace falta una reforma integral y global de todas las políticas públicas. Palacios explicó que la reforma tributaria implica establecer mecanismos que corrijan la inflación y que eviten que la administración tributaria se convierta en una “cazadora de rentas fantasmas”, es decir, que grabe la devaluación sin ningún tipo de verificación real.
“Para hablar de reforma tributaria hay que establecer un mecanismo de incentivos, tratar de volver en la medida de lo posible a un esquema de rebajas”, afirmó Palacios.
Según el ponente, los abogados necesitan tener noción de conceptos de naturaleza económica. Destacó que las reglas fiscales como las implicaciones de equilibrio fiscal, la sostenibilidad y el desarrollo económico sostenible son elementos que tienen que jugar para definir un esquema de reforma tributaria que lleve a la sinceración de la tributación.
Además, Palacios ejemplificó a través del caso de la tributación petrolera la importancia del conocimiento de cada etapa del proceso de la industria en general para las zonas económicas especiales. “Si todo esto no lo tengo claro en la reforma tributaria, la zona económica especial no va a surgir, simplemente va a ser un bonito deseo”, dijo.
Ambos ponentes mencionaron que para toda zona económica especial no se debe perder de vista el requerimiento de adecuaciones de transporte, servicios y elementos físicos, al igual que los condicionamientos institucionales e instrumentales.