Con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de ahondar en temas relevantes sobre los sectores TIC y digital presentamos el foro “Law & Economics en la era digital” de la mano de los especialistas Marcelo Celani, Andrés Blancas, Marcos Orteu, Enrique González y Daniel Betancourt.
La actividad permitió a los participantes discutir sobre los principales temas regulatorios asociados al área de derecho de la economía en el ecosistema digital, así como de sus preocupaciones referidas a la brecha digital y el uso de los datos privados.
Celani, profesor titular en la Universidad Torcuato Di Tella y consultor de empresas en temas regulatorios, señaló que el problema de la privacidad en las plataformas digitales de hoy es la externalidad con respecto a terceros, y que por lo mismo el análisis de la regulación de la privacidad es visto como un problema de externalidades.
El experto dijo que la aparición de la IA ha causado que se desactualicen los marcos regulatorios y surjan cuatro áreas dentro del debate de este sector: el marco legal, la recolección de datos, la toma de decisiones con base a la inferencia y los posibles remedios ante la situación.
Celani indicó que las IA operan bajo la “economía de inferencia”, es decir, un modelo en el que se busca cómo los datos individuales están correlacionados. Según el profesor, esto conmociona al área porque apunta a un esquema colectivo, cuando el enfoque tradicional ha sido singular.
Adicionalmente, estas inferencias suponen un reto importante para la regulación porque, de acuerdo con Celani, “no solamente predicen, sino que los individuos adaptan sus decisiones por ellas”.
La participación de González resaltó los precios de algoritmo, una forma de precios personalizados dentro del ecosistema digital. El profesor de la Especialización en Derecho de la Economía de la Monteávila afirmó que en la actualidad la recopilación de datos masivos en tiempo real puede permitir a las empresas distintos tipos de gestión de precios.
Gonzaléz mencionó que en el área de derecho de la competencia la literatura reconoce un riesgo no sólo de precios personalizados, sino también de la posibilidad de generar carteles y colusión por medio de algoritmos y procesos de aprendizaje automatizado.
Detalló, a su vez, que existen tres alternativas de solución discutidas a nivel internacional en torno al tema: la prohibición de los precios personalizados, la regulación con mayor precisión de la política de disclaimer o mantener el status quo regulatorio.
Orteu, por otro lado, orientó su presentación hacia la neutralidad de la red, a la que definió como el trato igualitario a toda la información de la red sin importar su contenido u origen (dispositivo, servicio, etc.).
El profesor argentino explicó que en la práctica la neutralidad de la red se traduce en una regulación de precios -porque permite cobrar a los dos lados del mercado (consumidor y content provider)- así como en una regla de no discriminación que obliga el mismo trato tanto a consumidor como al proveedor de contenido. Las relaciones entre los usuarios y las ISP, y la de los content providers con las ISP están reguladas. Para Orteu es mejor competir que regular, ya que la conectividad es un recurso escaso que se puede transformar en un bien de acceso limitado.
Blancas también destacó en su intervención la importancia de la conectividad. El experto en mercados y organizaciones apuntó que un cuarto de la población de Latinoamérica y el Caribe no tiene acceso en absoluto al internet, y que más del 70% no cuenta con habilidades digitales básicas, lo que se presenta como un reto para el desarrollo digital, el cual describió como “un detonante de crecimiento y un difusor del desarrollo económico”.
En el caso de Latinoamérica y el Caribe, la aceleración y recuperación tras la pandemia por Covid-19 es poco deseada con respecto al resto del mundo. Para el experto en economía es necesario impulsar la demanda agregada en la región, y si se aumentara en 10% la capacidad de acceder a las nuevas tecnologías, el PIB regional aumentaría en 1,5%.
Sobre Venezuela, Blancas comentó que en 2021 se estimó que se necesitan aproximadamente 1,21 millones de USD para cerrar la brecha móvil, mientras que para la brecha fija se requieren de 2974 millones de USD. A pesar de los retos socioeconómicos, tecnológicos y de infraestructura, Blancas afirmó que la conectividad satelital puede ser beneficiosa para toda la región, aunque haya que cubrir otros problemas de acceso primero.
Para finalizar, Betancourt hizo un repaso de la situación de los derechos del consumidor y la regulación del comercio electrónico en Venezuela. Hizo referencia al artículo 117 de la Constitución, que para el especialista logra abarcar la mayoría de las fallas de mercado que suelen presentarse en las relaciones entre consumidor y vendedor.
A su vez, recordó la efectividad de la Ley del INDEPABIS con respecto al comercio electrónico, pues establecía deberes como ofrecer información por parte del vendedor, evitar publicidad engañosa, conservar los registros de operaciones, mantener la privacidad la persona, y establecer mecanismos confiables de pago, que según Betancourt deberían retomarse y expandirse.