Gianna Camporeale.-
Fotografía: Cortesía.-
A través de una investigación realizada, Provea comprobó la violación sistemática a los derechos humanos de aquellas personas que no comulgan con el gobierno, ya sea que integren el llamado “chavismo disidente” o los sectores de la oposición tradicional, lo que afecta la correcta relación entre la sociedad y el poder.
Al menos 45 personas han sido víctimas de procesos judiciales poco transparentes en los últimos cuatro años, según un informe publicado recientemente por esta organización civil.
Esta situación genera miedo e influye en la actuación de los miembros de la disidencia, ya que siempre existe la posibilidad de “sufrir condenas” por la práctica de los derechos consagrados en las leyes nacionales, al parecer del coordinador general de esta organización.
Rafael Uzcátegui denunció “violaciones flagrantes al debido proceso” en casos de personas que han realizado señalamientos en contra de la actuación gubernamental.
Según las investigaciones de la ong’s las actuaciones en contra de los que disienten tienen poco fundamento y “el principal objetivo de la privación de libertad sería castigar e impedir que otras personas puedan disentir de la fórmula oficial”.
Uzcátegui destacó casos como el de la dirigente Numa Rojas, quien fue privada de libertad por presuntos actos de corrupción después de lanzarse a la alcaldía de Maturín, fuera de la línea del Psuv, y el de Oly Millán, ex ministra de Economía, quien fue despedida de dos universidades a raíz de sus cuestionamientos al gobierno.
Para el defensor de los derechos humanos estas situaciones solo procuran generar miedo en las personas a sufrir sanciones por el ejercicio de sus derechos y evitar que se exijan  mejoras, “lo que hace que los funcionarios tengan actitudes de abuso de poder sin ningún tipo de cuestionamiento por parte de la sociedad”, según el coordinador de Provea.
“Si continúan los niveles de impunidad como los que hay hasta ahora, no se puede hablar de democracia, como efectivamente no hablamos de democracia al día de hoy, pues no tenemos un sistema de administración de justicia transformado en el futuro”, así lo señaló Uzcátegui.
Aseveró que si no se corrige la impunidad se profundizaría el sistema social de la anomia, al que Durkheim define como aquel proceso en el que un grupo dominante no provee herramientas para cumplir sus propósitos, haciendo que estos tomen caminos desviados como el delito.
Para Uzcátegui la democracia implica justicia, la cual es importante para ofrecer reparación a las víctimas y sancionar a los responsables para que no se repitan situaciones irregulares que atentan contra la paz de la nación.
“El diálogo en Venezuela es importante para resolver los conflictos e impartir mecanismo de transición”, promoviendo así el retorno a la democracia para garantizar los derechos sociales como solución a la crisis de la impunidad.
En base a la “campaña de criminalización” que ha venido haciendo el gobierno, el coordinador mencionó que cuatro personas de Provea son beneficiarias de una medida cautelar de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Sí da temor la repercusión que pueda tener el gobierno hacia nosotros, pero te aseguro que ser lo más visible posible es una garantía de protección que tenemos”, por ello reafirmó que seguirán denunciando los atropellos y abusos por parte del poder.
*Gianna Camporeale es estudiante de la Universidad Monteávila
Excelente Articulo