Derecho y revés | ¿Cuál es el origen de las elecciones de gobernadores y alcaldes?

Carlos Garcí­a Soto.-

La descentralización busca acercar el poder a los ciudadanos. Foto: photopin (license)

Para el venezolano de hoy elegir a los gobernadores y a los alcaldes puede parecer una práctica democrática rutinaria. Pero hasta hace poco menos de 30 años no lo era. Sólo será a partir de 1989 que los venezolanos elegimos a los titulares del poder ejecutivo a nivel estadal y municipal.

¿Cómo era el sistema de elección de gobernadores y alcaldes anterior a 1989?

En efecto, hasta ese año los gobernadores eran designados por el presidente de la República. La figura del alcalde no existí­a, y las pocas competencias ejecutivos que se reconocí­an a nivel municipal estaban asignadas a los concejos municipales. Es decir, y por sorprendente que parezca hoy, los gobernadores eran funcionarios de libre nombramiento y remoción del presidente de la República (artí­culo 22 de la Constitución de 1961) y los alcaldes no existí­an como figura en nuestro sistema polí­tico-constitucional.

Un instrumento para oxigenar el sistema polí­tico

Las elecciones de gobernadores y alcaldes fueron producto, entre otras causas, de la corriente en la opinión pública que exigí­a mecanismos para dar oxí­geno al sistema polí­tico venezolano. Para un sector de la opinión pública se habí­a agotado el sistema polí­tico fundamentado en el bipartidismo de AD y Copei. Y, ciertamente, el ambiente polí­tico, social y económico del paí­s se encontraba en tensión: ese mismo 1989 ocurre el Caracazo, luego en 1992 se registran dos intentos de golpe de Estado, y en 1993 se realiza el enjuiciamiento del presidente Pérez.

Por ello, para 1989, cuando habí­a ocurrido el Caracazo parecí­a absolutamente necesario implementar un mecanismo para “oxigenar” el sistema polí­tico venezolano, como se habí­a venido exigiendo por varios dirigentes polí­ticos, académicos, intelectuales y demás expresiones de la sociedad civil desde hací­a algunos años, particularmente durante la década de los ochenta. Y tal mecanismo fue permitir que los propios ciudadanos eligieran a sus gobernadores y alcaldes.

La decisión de permitir la elección de gobernadores y alcaldes serí­a un proceso polí­tico que implicarí­a convencer a dirigentes polí­ticos nacionales de la necesidad de tales elecciones. En ese proceso destacarí­a, entre otros, Ramón J. Velásquez, que a través de la Copre impulsarí­a la necesidad de proceder a estos comicios.

La primera elección de los gobernadores se realizarí­a conforme a lo previsto en la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores de 1988, reformada en 1989.

Por supuesto, la elección de los gobernadores debí­a implicar la transferencia de un conjunto de poderes que dieran sustento polí­tico y administrativo a su labor. Para ello, se publicarí­a la Ley Orgánica de Descentralización, delimitación y transferencia de competencias del Poder Público, como un instrumento para afianzar el proceso de descentralización, la cual entrarí­a en vigencia justo un dí­a antes (1° de enero de 1990) del dí­a en el que tomarí­an posesión los nuevos gobernadores (2 de enero de 1990).

La elección de los alcaldes se realizarí­a conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1989, la cual distinguió el ejercicio del Poder Legislativo entre el Concejo Municipal y el ejercicio del Poder Ejecutivo en la nueva figura del alcalde.

La celebración de las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes el 1989

Con una abstención del 54,9 de los electores, las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes se celebrarí­an el 3 de diciembre de 1989. Todas las autoridades electas ejercerí­an su mandato por tres años, aunque el gobernador del Distrito Federal seguirí­a siendo un cargo de designación presidencial.

De los 20 gobernadores electos, 11 correspondieron a AD, 7 a Copei, 1 a la Causa R y 1 al MAS.

De los 269 Alcaldes electos, 149 correspondieron a AD, 99 a Copei, 11 al MAS y 10 a otras fuerzas polí­ticas.

Los resultados polí­ticos de las elecciones

Se ha dicho, con razón, que la elección directa, por el pueblo, de gobernadores y alcaldes, serí­a uno de los sucesos polí­ticos más importantes del siglo XX venezolano. En efecto, la elección de los gobernadores y lcaldes implicarí­a varios efectos polí­ticos.

En primer lugar,  el crecimiento de los liderazgos regionales y locales, que luego se harí­an nacionales. De hecho, para la elección presidencial de 1993, acudirí­an como candidatos a la presidencia varios mandatarios regionales como Claudio Fermí­n, Oswaldo ílvarez Paz y Andrés Velásquez. En 1998, se enfrentarí­a por la presidencia de la República al candidato Hugo Chávez otro lí­der que habí­a sido gobernador: Henrique Salas Romer.

En segundo lugar, las elecciones de 1989 permitieron que surgieran liderazgos polí­ticos distintos a los del bipartidismo tradicional entre AD y Copei. Por ejemplo, en el estado Bolí­var serí­a electo Andrés Velásquez, de Causa R, mientras que en el estado Aragua ganarí­a Carlos Tablante, del MAS.

En tercer lugar, este proceso implicarí­a la descentralización del poder polí­tico interno de los partidos, cuyos dirigentes nacionales tendrí­an que ceder poder a los liderazgos regionales en los partidos.

En cuarto lugar, desde el punto de vista de la repartición del poder estatal, la elección de gobernadores supuso la asignación de competencias a los gobernaciones que antes ejercí­a el Poder Nacional, a través del proceso de descentralización que se operó con la promulgación de la Ley Orgánica de Descentralización, delimitación y transferencia de competencias del Poder Público. Hasta la fecha, el ámbito de las competencias de los Estados de la Federación era mí­nimo.

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Tal es, muy resumido, el origen histórico de la elección de gobernadores y alcaldes, hace 28 años, y que este año deben volver a celebrarse, por mandato constitucional, una vez más, como un instrumento para la participación democrática de todos los venezolanos.

* Carlos Garcí­a Soto es profesor de la Universidad Monteávila.

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